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Informe sobre la Corrupción en España (2 de 3)

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Informe sobre la Corrupción en España (2 de 3)

Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos I, junto con Fernando Jiménez, Profesor Titular de Universidad en el área de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Murcia, publican en 2011 un artículo titulado "La corrupción en España (2004-2010): datos, percepción y efectos" (texto) en el que analizan qué rasgos cuantitativos y cualitativos tiene la corrupción en España y si la percepción correlaciona con los datos objetivos existentes. El texto parte de tres hipótesis. Para demostrarlas se han analizado estadísticas judiciales, noticias de medios de comunicación, sumarios judiciales y datos de diversas encuestas.

El texto parte de tres hipótesis que intentan contrastar con los datos existentes:

  1. La primera es que la corrupción percibida no se corresponde con los datos objetivos que se conocen de delitos contra la Administración.
  2. La segunda es que la corrupción pública en España no es corrupción administrativa, sino corrupción esencialmente política, que se ha desarrollado ante todo en el nivel local de gobierno y ha estado vinculada al boom de la construcción.
  3. La tercera es la existencia de una combinación de fenómenos que podrían explicar la distancia entre percepción y datos objetivos: reforzamiento de unidades investigadoras, intensificación de noticias sobre corrupción que confirman las hipótesis de desconfianza sobre los políticos, desafección institucional debida a esta confirmación y continuación de noticias sobre los casos. En definitiva, puesta en práctica de la transparencia.

El apartado de conclusiones del citado artículo queda resumido aquí de la siguiente manera:

1.- En primer lugar, podemos afirmar que la corrupción percibida es bastante mayor que aquella que los datos sustentan. Por otra parte, la corrupción mayoritariamente existente en España es corrupción política y no funcionarial.

También, como es lógico, lo es la corrupción más grave. Los datos objetivos, con todos sus problemas de cómputo y definición son bastante claros al respecto. La corrupción administrativa es baja, aunque esto pueda deberse, en parte, a la debilidad de la política de represión de los delitos contra la Administración. La corrupción política, aunque no es tan alta como pueda parecer, si nos centramos en las noticias de los medios de comunicación, supera con mucho en números relativos y gravedad a la corrupción puramente administrativa. Los datos de percepción también nos refuerzan en esa conclusión; aunque, en general, la desafección institucional, reforzada por las propias noticias sobre corrupción, podría ser una variable que explicara una visión excesivamente pesimista sobre la extensión de la corrupción pública, especialmente la administrativa.

Finalmente, las encuestas de victimización, con todos sus problemas metodológicos, son muy claras al respecto: no existe un pago de sobornos generalizado, como ocurre en los países con alta corrupción funcionarial. La consolidación de un modelo meritocrático de acceso a la Administración es un factor explicativo clave, sobre todo en la AGE. Por ello, la hipótesis de que partíamos creemos que queda sólidamente
demostrada.


2.- La siguiente hipótesis, relacionada con la anterior, afirma que la corrupción preponderante era subnacional y, dentro de esta categoría,
sobre todo local. Los datos objetivos en este caso son, también, bastante claros.

No obstante, es normal que entre 8.116 alcaldes existan más probabilidades de que existan 10 corruptos que entre 15 ministros.

Ahora bien, lo que es un dato esencial para entender la hipótesis es que en estos últimos seis años no han existido prácticamente casos de corrupción en el nivel nacional de gobierno y que los casos de corrupción significativa en el nivel local superan los 200. Por su parte, las Comunidades Autónomas también tienen casos muy importantes en términos políticos y económicos, sobre todo en los casos de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Baleares, pero tal vez su principal responsabilidad haya estado en la ausencia de control, cuando no en la connivencia con la corrupción local. Los datos de percepción, en este caso, no coinciden claramente con los datos objetivos; la interpretación más
plausible tiene que ver con variables históricas, culturales e ideológicas, el número de ayuntamientos (muchos de ellos honestamente
gestionados), además de con factores de lejanía y conciencia del superávit comparativo de poder atribuidos ineludiblemente a los gobiernos nacionales.

También parece claro que la corrupción mayoritariamente conocida en España en estos últimos años está relacionada con el urbanismo.

En este ámbito se han dado todas las condiciones para que estallaran una multitud de casos, sobre todo en la costa y en las cercanías de las grandes ciudades. Por una parte, existía un monopolio de decisiones muy relevantes (especialmente las relacionadas con la firma de convenios urbanísticos) en manos de los alcaldes, por otra, nos encontrábamos con un área donde la discrecionalidad era elevada, a ello se sumaba la
debilidad de los controles (Klitgaard, 1998) y, finalmente, la existencia de una burbuja especulativa que generaba benefi cios extraordinarios
a promotores y constructores. Los datos objetivos creemos que validan la hipótesis, también las encuestas de victimización e, incluso, las de percepción.


3.- El panorama general que el análisis nos deja —última hipótesis— es el de un círculo vicioso de desconfianza que se autoalimenta; un círculo por virtud del cual la lucha contra la corrupción genera noticias de detenciones de políticos que, a su vez, provocan la percepción de una mayor corrupción y, con ello, refuerzan variables clave de nuestra tradicional desafección institucional y desapego político, las cuales, a su vez, podrían favorecer el desarrollo de la corrupción.

Ciertamente, esta última hipótesis se ha intentado demostrar de forma tentativa y aproximativa, por lo que los resultados de nuestro trabajo deben ser considerados con bastantes cautelas. Metodológicamente hay problemas de endogeneidad y de «content validity» que deben ser considerados. Por ello, de cara a extraer implicaciones para políticas de lucha anticorrupción, conviene ser muy precavidos. No obstante, creemos que, de lo expuesto, se puede afirmar que las políticas de lucha contra la corrupción basadas en el Código Penal son insuficientes y que se necesitan políticas preventivas si se quiere dejar de alimentar el círculo vicioso antes expuesto.



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