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Déficit público, 11,2%; fraude fiscal, 29%

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Déficit público, 11,2%; fraude fiscal, 29%
* Por Endika Zapirain, Analista - Viernes, 25 de Junio de 2010 deia.com

LOS malos empresarios y sus correspondientes malos asesores, especialistas que tienen el mal hábito de pontificar y dogmatizar cuestiones discutibles y sujetas por definición a variedad de alternativas; en cuanto se presenta una situación adversa para la empresa en cuestión, lo primero que se les ocurre es reducir la plantilla, despedir a trabajadores. Y esa no es, ni debe ser, la solución. La solución suele ser mucho más compleja si se quiere afrontar el futuro con éxito. Es necesario analizar en profundidad las causas y atajarlas adecuadamente. No es necesario ni procedente tocar un bien, en sí mismo, insustituible: los trabajadores. Éstos, conviene recordar, no son cosas que se quitan y se ponen, son personas con las que hay que contar, necesariamente, para cuestiones que les afectan directamente. Pues bien, Zapatero esta actuando como los malos empresarios con sus correspondientes malos asesores y asistentes ministeriales.


La Unión Europea lo único que puede exigir a un gobierno miembro es que tome medidas para reducir el déficit público. No le puede ni debe marcar las medidas a tomar para conseguirlo. En cada Estado miembro, la situación y las circunstancias son diferentes. Pero con la España cañí de Zapatero sí lo hace, porque España no tiene, ni ha tenido en los últimos 70 años, ningún prestigio. Las medidas de Zapatero son tan simples que basta una calculadora de bolsillo que tenga las cuatro reglas y porcentaje. El resultado es desastroso para los afectados directamente y no resuelve de forma sostenible los problemas de fondo. Debería estar prohibido bajar los salarios, en este caso los de los trabajadores de la administración pública, y congelar las pensiones. Otra cosa muy distinta es replantearse la estructura y organización de la administración pública para reducir costes y mejorar, continuamente, su eficacia funcional. Esto sería y es lo razonable y lógico en cualquier organización, máxime de semejante envergadura. Obvio.

Por otra parte, reducir la inversión pública es justamente lo contrario de lo que debe impulsar cualquier gobierno en momentos de contracción de la actividad económica del ámbito privado. La inversión pública es fundamental para dinamizar la actividad económica, con la que se reduce el paro y aumenta la recaudación fiscal. Ahora mismo, objetivos básicos.

Pero resulta que en España existen enormes posibilidades de reducir el déficit público -11,2%- sin tocar las cuestiones señaladas en el apartado anterior. Las carencias estructurales y dimensionales en diversas áreas de la administración del Estado permiten ahorrar cantidades inmensas de gastos y aumentar considerablemente los ingresos. Para aumentar los ingresos está muy bien que se revisen, al alza, las rentas más altas. Pero es muchísimo más importante afrontar, decidida y enérgicamente, el fraude fiscal. Confrontando muchos datos, se estima que en España, el fraude es del 22-25% del Producto Interior Bruto (PIB), el doble que la media europea. Esto supone del orden 240.000 millones de euros. Suponiendo que España alcanzara la media europea, se recaudarían del orden de 120.000 millones de euros más. Con lo cual, de una manera razonable y justa podría reducirse el déficit público a menos del 3% que exige la UE y, además, se podrían inyectar importantes cantidades a la inversión pública y a prestaciones sociales, ambas tan necesarias en estos momentos.

Para lograr este objetivo, solamente hace falta voluntad política y democrática para adoptar las medidas necesarias y urgentes. Las medidas más elementales serían:

a) Dotar de medios personales y materiales suficientes a la red de inspección fiscal.

b) Permitir e impulsar desde el Gobierno de Zapatero, para que los técnicos/inspectores de Hacienda puedan actuar con criterios técnicos, exclusivamente, para prevenir, detectar y resolver los fraudes fiscales.

c) Actualizar y adecuar la normativa correspondiente, para poder actuar con rapidez, eficacia y resolución efectiva.

A este respecto, considero de interés destacar algunos datos.

1) El 86% de los que tienen fortunas con más de diez millones de euros, evaden sus obligaciones fiscales.

2) El 18% de los que tienen entre medio millón y un millón de euros, defrauda actualmente a la Hacienda pública.

3) El 45 % de los que tienen entre uno y diez millones de euros, elude el fisco.

4) Las mayores bolsas de evasión fiscal se dan en capital mobiliario (acciones) e inmuebles, que vienen a representar actualmente el 93% de todos los bienes y derechos declarados.

5) Según la banca privada, existen en España unos 400.000 ciudadanos con más de 300.000 euros invertidos en activos financieros.

6) La economía sumergida representa el 23% del PIB (en Alemania representa el 6% del PIB).

7) Gestha (Sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda) afirma que en España se podría recaudar unos 21.000 millones de euros anuales, si se autorizase a los 8.000 técnicos del Ministerio de Hacienda el control e inspección de las declaraciones de la renta de estas grandes fortunas.

¿Existen trabas desde arriba? Teniendo en cuenta este enorme agujero, ¿Por qué casi nadie habla de ello?

Por otro lado, es tal la vocación centralista de los partidos españoles PP-PSOE y sus gobiernos respectivos, que aunque haya 17 Comunidades Autónomas, más Ceuta y Melilla, ellos mantienen todos los ministerios como si no existiesen éstas. Y así tenemos los ministerios de Cultura, Vivienda y Urbanismo, cuyas funciones se gestionan por los gobiernos de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. En la CAV, además, por las Diputaciones territoriales. Estos ministerios sobran por no ser necesarios. Si el Gobierno español tiene que llevar alguna acción en estas áreas debe ajustarse al mínimo necesario, nunca a través de un ministerio.

Ministerio de Igualdad. La igualdad entre hombres y mujeres es muy importante. Soy defensor acérrimo de ello, siempre lo he sido. Pero no es cuestión de mantener un ministerio. No. Es cuestión de todo el gobierno y especialmente de su presidente para que todas las normativas, decretos y proyectos de ley garanticen la igualdad. Es también cuestión de los partidos políticos para que las leyes que se aprueban en los parlamentos, garanticen el derecho irrenunciable a la igualdad. Sobra este Ministerio.

Ministerio de Defensa. Con independencia de que sea contrario al mantenimiento de ningún ejército, salvo alguno de carácter internacional, considero que no tiene ningún sentido un ministerio de estas características. Este Ministerio llamado de Defensa, antes de la Guerra, en realidad es para participar en guerras diversas promovidas por otros, o para defender, por ejemplo, la isla de Perejil (ocurrió con Aznar de presidente del gobierno y Trillo de ministro de Defensa), para pasar revista a las tropas, visitar a los militares profesionales en guerra, para hacer desfiles innecesarios. Para participar en guerras, objeto principal, o en maniobras militares, internas o con otros países... todo muy medido y predeterminado sin demasiadas variantes, decide el gobierno y muy especialmente su presidente.

Estimo que no ha lugar que las fuerzas armadas estén presentes de forma ordinaria en el Consejo de Ministros a través del ministro o ministra de turno. Me parece más correcto que se lleve la gestión ordinaria -personal, inversiones, compras, costes, productividad, representación, etc.- como una gran empresa pública con personal civil de reconocida cualificación y solvencia profesional. Lo requiere un presupuesto total de más de 18.000 millones de euros, o sea, 3 billones de pesetas. Se dice pronto. La pregunta es obvia: ¿para qué tanto gasto militar? La línea política se podría efectuar y garantizar, a través de un secretario/a de Estado, de reconocida competencia, dependiente de Presidencia del Gobierno .

Ministerio de Administración Territorial.
Me parece un auténtico disparate que este ministerio para la coordinación de las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y Gobierno central, nos cueste a los ciudadanos 2.625 millones de euros este año. Después de 30 años del Estado de las Autonomías, no es necesario tanta coordinación. La línea recta sigue siendo la más corta, entre dos puntos. También entre gobiernos autónomos, diputaciones, ayuntamientos y, eventualmente, con los ministerios correspondientes. No se necesitan intermediarios para desarrollar la acción de gobierno de cada estamento y mucho menos a este precio. Este ministerio, no hay duda, es una simple pose muy cara que, además, no tiene competencia ejecutiva para transferir competencias a las Comunidades Autónomas. Sobra.

Delegaciones del Gobierno y Subdelegaciones en las Comunidades Autónomas. No son en modo alguno necesarias. Para asistir al acto de colocar la primera piedra de una obra; asistir a inauguraciones diversas; entregas de premios o reconocimientos diversos; para recibir a autoridades de Madrid, o sea, a sus compañeros del partido... no se requiere este servicio. Tampoco para la coordinación de las policías españolas; ni porque la policía española desempeña las funciones relacionadas con pasaportes, DNI, inmigración. Todas estas cuestiones hoy se pueden desarrollar perfectamente, a través de la comunicación informática, directamente con el ministerio correspondiente. Además, están las delegaciones provinciales de diferentes ministerios: Hacienda, Trabajo, Vivienda… en fin, toda esta estructura administrativa hay que simplificarla a la mínima expresión, adaptándola al Estado de la Autonomías, teniendo muy en cuenta la experiencia y rodaje de las mismas, las posibilidades de la tecnología y las circunstancias actuales.

Algunas de estas funciones están contenidas, innecesariamente, en la Constitución española de 1978. Se puede explicar por la influencia del franquismo y del centralismo radical de entonces, que permanece hoy, desgraciadamente, aunque menos virulento, en los estamentos del Estado. Esta circunstancia no invalida, en modo alguno, lo oportuno de replantear seriamente la reestructuración de la administración del Estado, que debe conducir a una disminución drástica de los gastos. Aquí se han apuntado solamente algunas de las medidas necesarias que debe tomar y plantear, en su caso, donde proceda, el gobierno de Zapatero en orden a disminuir o adelgazar la administración general del Estado. Existen muchas más que irán aflorando cuando se analicen en profundidad. Cuantificar el valor económico de las medidas que se proponen de eliminación de ministerios y melegaciones de gobierno es complicado. Es necesario pormenorizar para deslindar lo que se eliminaría y lo que sería necesario mantener, aunque sea de otra forma. No obstante, se deduce que las cuantías, en decenas de millones de euros, serian muy importantes.

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