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Reintegro de subvenciones

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Reintegro de subvenciones

Una de los causas de reintegro que contempla el articulo 37.1 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, es el incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.

De la web: http://fiscalizacion.es

cajaHoy traemos a la bitácora una interesante Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso) de 17 de mayo de 2010 que respalda el comportamiento “de buena fe” del beneficiario que había venido justificando una subvención plurianual con diligencia, sin reparo y dentro del margen de unas amplias y ambiguas bases de concesión. Luego vinieron los auditores y, en el marco del control financiero de un Plan Anual de fiscalización, concluyeron la necesaria “corrección financiera” pidiendo al gestor que exigiese el correspondiente reintegro.

El asunto encaja dentro de lo que, en su día denominamos “regalos envenenados” porque el Ministerio intentaba (con una subvención directa) evitar la devolución de Fondos Europeos por falta de aplicación en plazo. Como es habitual, salvado el escollo inicial, los problemas vendrán después, convenientemente multiplicados.

También encontraremos en los hechos algo muy peculiar del mundo universitario: en investigación científica puede encajar casi todo.

Antecedentes

En la Sentencia se desestima una resolución del Ministerio de Educación y Ciencia, que acordó el reintegro de la cantidad de 356.189,03 € respecto de una subvención recibida por la Universidad de Zaragoza, con cargo a los fondos FEDER para la ejecución de la obra “Sede de los Departamentos físicos del ICMA”, por un importe de 2.088.517,07 €, lo que suponía una inversión elegible de 4.177.034,13 €, habiendo la universidad justificado mediante certificaciones periódicas un gasto elegible de 4.217.660,55 €.

Como consecuencia de una auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) se promueve por la Dirección General de Investigación del MEC el citado expediente de reintegro que termina impugnado en la Audiencia Nacional.

Estas ayudas Feder (objetivo 2) tienen como finalidad, entre otras, la creación de centros públicos de investigación en aquellas áreas que se consideren adecuadas para fortalecer el desarrollo regional, dentro de las prioridades establecidas en el Plan Nacional de I+D+I, incluyendo las construcciones de reposición o de nueva planta de edificios vinculados exclusivamente a la investigación científica y técnica en Universidades, Centros Públicos de Investigación y Centros Tecnológicos. Los auditores reconocen que los documentos que contienen la solicitud y concesión de las ayudas no reflejan con detalle la naturaleza de las actuaciones a llevar a cabo en el Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón (ICMA), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad de Zaragoza en el que desarrollan su labor cerca de 250 investigadores.

En relación con la ayuda objeto de control se reconoce en el mentado informe que no ha habido una previa Orden de convocatoria del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y que su objeto básico venía constituido por la reforma de la sede del ICMA, remarcándose que la concesión de Fondos FEDER sólo especificaba el importe máximo de la inversión financiable, sin detallar los proyectos o actuaciones concretas. La auditoría reconoce que todos los gastos de inversión se hallan justificados por certificaciones de obra y/o facturas procedentes de la ejecución de los contratos de obra, suministro o servicios concertados para el desarrollo del proyecto, correctamente emitidas, dentro del período elegible y referidas a infraestructuras y equipamientos destinados exclusivamente a la investigación. Sin embargo, propone el reintegro de la cantidad de 356.186,03 €, por las siguientes causas.

Ausencia de convocatoria pública

Como resultaba imposible realizar una primera selección de proyectos a través de una convocatoria pública (“dado que los plazos habrían impedido resolver a tiempo para poder certificar gastos que evitaran una pérdida de fondos europeos”) el Ministerio optó por recabar solicitudes mediante un procedimiento de invitación a los potenciales beneficiarios.

La Universidad de Zaragoza solicitó la financiación y vino ejecutando las obras, sin que en ningún momento por parte de la Administración del Estado se opusiera objeción o reparo alguno a sus justificaciones en relación con la condición de elegibles de los gastos que se estaban haciendo y que en los mismos se especificaban, por lo que invoca los principios de buena fe y confianza legítima al existir fundadas razones para entender la Universidad que las obras se estaban realizando conforme a los términos en que se había concedido la subvención litigiosa.

Así, la subvención no reflejaba con detalle la naturaleza de las actuaciones a llevar a cabo, especificando tan solo el importe máximo de la inversión financiable, sin detallar los proyectos o actuaciones concretas, pero cuyo objeto básico era la reforma de la sede de los departamentos del ICMA en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, financiado con los Fondos FEDER asignados en el DOCUP de Aragón, en cuyos ejes prioritarios figura la medida 3.5 que tiene por objetivo la creación de centros públicos de investigación en aquellas áreas que se consideren adecuadas para fortalecer el desarrollo regional, incluyéndose en esta medida las construcciones de reposición o de nueva planta de edificios vinculados exclusivamente a la investigación científica y técnica en Universidades, Centros Públicos de Investigación y Centros Tecnológicos.

Todo es investigación

Esta vinculación exclusiva a la investigación científica y técnica, en el que pone especial énfasis el auditor de la IGAE admite una interpretación no rígida en función de las propias fichas técnicas de los ejes y medidas del DOCUP. Es verdad que muchas universidades has resuelto necesidades docentes con cargo a subvenciones europeas de I+D+i, y los auditores lo saben.

Ante la ausencia de un procedimiento reglado de convocatoria pública, con unas bases reguladoras precisas a que ajustarse, “hemos de atenernos a los términos de la concesión de la subvención, cuyos términos son tan amplios que requieren ser integrados con la solicitud de la subvención, que tampoco detallaba -cual reconoce el informe de auditoría- las actuaciones pormenorizadas a llevar a cabo”.

Pues bien, ante la ausencia de una convocatoria con sus correspondientes bases reguladoras y el abierto de los términos en que se concedió la subvención que después fue sometida al riguroso control financiero por parte de la IGAE, el Tribunal sentencia:


“no parece razonable -a la hora de verificar si se cumplieron o no los términos de la concesión de la subvención- que la laxitud que presidió el acto de concesión se torne en extremo rigor al controlar financieramente el carácter elegible de ciertos gastos puestos de manifiesto en los informes periódicos de ejecución de las obras y que no merecieron entonces ninguna objeción por parte de la Administración, cuyo silencio bien pudo reafirmar a la Universidad en la convicción de que estaba actuando dentro de las condiciones en que fue otorgada la subvención de referencia”.


Los auditores pedían la corrección de la ayuda concedida en relación con el carácter no elegible de ciertos gastos por no tener una relación exclusiva con la actividad investigadora. La Audiencia Nacional respalda el comportamiento de la Universidad de Zaragoza, pues ”todas estas partidas corresponden a gastos de los que se dio oportunamente cuenta en los reiterados informes remitidos al Ministerio en la fase de ejecución de las obras, siendo así que no se opuso reparo alguno”.

Además, durante el proceso se acredita que los gastos correspondientes a tales partidas:


“tienen una relación más o menos directa y con intensidad variable -según los casos- con la mejora de las infraestructuras precisas para el desarrollo de la actividad de investigación, sin que en función de las condiciones propias de la concesión de la subvención litigiosa pueda afirmase que alguno de tales gastos esté totalmente desvinculado del objeto de la subvención o resulte enteramente ajeno a la mejora de las infraestructuras precisas para el desarrollo de la investigación, de donde que en tales circunstancias malamente pueda aceptarse la calificación de no elegibles de tales gastos, por lo que el recurso ha de estimarse en relación con los mismos”.

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